DERECHO PENAL ADMINISTRATIVO ARGENTINO (Libro en papel)

de AA.VV

Sinopsis

Este libro aborda distintas cuestiones referidas a las contravenciones y sus sanciones tomando como base para ello no solo el esquema constitucional y normativo de la República Argentina, sino también los precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en tanto intérprete final de la Constitución Nacional.

En su análisis, Azzarri no sólo aborda cuestiones esenciales de la materia en estudio como son las garantías constitucionales que resultan de aplicación a las penas administrativas, sino que también se aboca a dilucidar la existencia o no de una diferencia sustancial entre las penas previstas para los delitos y aquellas que poseen naturaleza administrativa.

Todo ello es estudiado y tratado luego de determinar las distintas relaciones que pueden darse entre la Administración y los particulares, la naturaleza jurídica de las sanciones previstas en los regímenes penales administrativos, y cuál es la autoridad facultada para crear las contravenciones.

En relación con esto último, y teniendo especial consideración en el esquema constitucional argentino, Azzarri también realiza un análisis detallado sobre la posibilidad de que el Poder Legislativo delegue en la autoridad administrativa el dictado de normas penales administrativas, efectuando un pormenorizado repaso de diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que brindan pautas concretas sobre la materia en estudio.

Por último, antes de ingresar a la descripción de las distintas sanciones que un régimen penal administrativo podría imponer y referirse a la situación de las sanciones contractuales, Azzarri efectúa un profundo análisis sobre el debido procedimiento que necesariamente debe llevar adelante la Administración con antelación a la imposición de una sanción. Para esto, el autor no sólo repasa la realidad jurídica argentina, sino que también acude a sistemas comparados que permiten llegar a conclusiones esclarecedoras sobre la necesidad de que el debido procedimiento sea respetado en todos los casos de manera previa a la imposición de una sanción como un requisito de legalidad indispensable de todo acto administrativo que impone una determinada pena administrativa.