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Ley de Enjuiciamiento Criminal
y Legislación Complementaria 2024
La Constitución Española de 1978, que asigna al Ministerio Fiscal la acción pública,
y a los jueces y magistrados la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, así como la tutela de los derechos y
libertades.
Atribuyendo la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal,
España armonizará su sistema procesal penal con el Derecho Europeo,
alineándolo con un modelo de investigación ampliamente asentado en los
Estados Miembros de la Unión Europea.
Hay que tener en cuenta que la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal fue aprobada en 1882.
Respecto al ámbito interno, el nuevo modelo de proceso penal potencia
la figura del juez y del fiscal: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y promover la acción de la justicia
respectivamente.
En cuanto al ámbito europeo, se incorpora a nuestro ordenamiento la nueva figura del Fiscal Europeo.
En este sentido, la aprobación del Reglamento de la Fiscalía Europea en 2017,
constituye el impulso definitivo a la reforma estructural del proceso penal español,
puesto que, a la institución comunitaria, como órgano con personalidad jurídica propia,
se le atribuyen, según señala el considerando 11 de su Reglamento, las funciones
de investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de los delitos contra
los intereses financieros de la Unión.
En relación con su contenido, el proyecto de reforma que supone la nueva Ley se articula en torno a tres ejes:
La actualización del modelo de enjuiciamiento penal.
La incorporación de nuevas herramientas para la lucha contra la criminalidad.
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